Me voy a arriesgar a dar una opinión impopular tras la observación de una realidad incómoda que la política rehuye en forma persistente en su retórica cada vez más impaciente. Para esos efectos, me voy ayudar de la lógica lineal, que es la más sencilla de comprender, para entender y saber cómo abordar la crisis de seguridad.
Punto 1. Ante todo, cabe señalar que durante varios años hacen ingreso al país decena de miles de personas por pasos no habilitados. Migrantes que tienen una situación irregular. Muchas veces no sabemos quiénes son o dónde viven. No se conoce con exactitud la cifra, pero según las estimaciones más conservadoras, llevamos un acumulado de 300 mil personas en esa condición. Podría ser el doble.
Punto 2. La condición de irregular impide a los cientos de miles de migrantes la posibilidad de insertarse en una actividad económica formal. Ello, porque se necesitan visas especiales y previas para emplearse, cuestión que difícilmente obtendran con la normativa actual.
Punto 3. Estas personas, al igual que cualquier otra, tiene necesidades diarias que, para ser satisfecha, les exige tener acceso a algún ingreso económico.
Punto 4. Atendido que no pueden desarrollar actividades económicas formales, pero sí tienen la pulsión irresistible de satisfacer necesidades básicas inmediatas, existe un incentivo estructural a que estas personas desarrollen actividades económicas fuera de la formalidad (y fuera de la ley). ¿Cuáles actividades?
Sólo a modo de ejemplo: Comercio ambulante; dumping (emplearse al margen de la ley y sin leyes sociales); comercio sexual (adulto e infantil); la comisión de delitos patrimoniales y contra el patrimonio (tomas de terreno privados y espacios públicos, hurtos, robos, estafas, etc.); la comisión de delitos violentos por razones económicas (sicariato, secuestro extorsivo, extorsión al comercio, etc.); actividades ligadas al narcotráfico; apuestas ilegales; entre muchas otras.
Punto 5. Las personas que se involucran en estas actividades (que permean a la comunidad local) ven en el Estado el mayor impedimento para su desarrollo. Por consiguiente, lejos de que el recién llegado legitime la autoridad estatal, termina por despreciarla. Ello, porque el poder público no busca resolver la problemática social que surge de su llegada masiva, sino que simplemente invisibilizarla. Esta mirada o efecto deslegitimador también se refuerza en la comunidad local, que ve como el Estado es incapaz de resolver el aumento de las actividades desformalizadas ya descritas.
Punto 6. La reacción del mundo político y la autoridad pública es populista (e ineficaz). Lejos de proponer la integración para descomprimir el aumento de la actividad desformalizada, se sigue invisibilizando esta nueva realidad y se amenaza a esa nueva comunidad con su expulsión. Pocas dudas tengo de que ese deseo (la expulsión masiva) es popular, pero jurídica poco viable y empíricamente algo ilusorio. Ello, porque los años pasan; las expulsiones son de algunos miles cada año; no existe un avance sustantivo en las relaciones multilaterales para viabilizar ese anhelo; se generan condiciones de arraigo; se ve casi imposible controlar la frontera líquida del norte; hay una sensata, plausible y civilizada resistencia a adoptar medidas que estén al margen de los tratados internacionales de DDHH (como disparar a infantes tal como propuso un alcalde populista); y, en último término, invisibiliza la tragedia de la cual arrancan. Estamos hablando de cientos de miles de personas que estuvieron dispuestos a perecer en el desierto más árido del mundo que devolverse a su lugar de origen. Vale decir, al menos deberíamos considerar que son personas que podrían estar dispuestas a resistir a sus órdenes de expulsión.
Punto 7. Reforzar la labor de las policías con la asistencia militar a nivel nacional no parece ser una solución. Es una medida ilusoria o, en el mejor de los casos, un poco disuasiva en la medida que dure el efecto estético. Ello, porque sabemos que las personas que ejercer una actividad desformalizada saben que está al margen de la ley (no es algo que van a descubrir con un Estado de excepción), pero aun más evidente, es que no tienen la alternativa de una actividad formalizada. Si detrás de la asistencia militar no existe un plan de intervención en los barrios para desarmar y desbaratar a las mafias o de expulsar masivamente, y simplemente se van a utilizar los pocos miles de efectivos profesionales para pararse en las esquinas, difícilmente esto tenga un efecto positivo al mediano o largo plazo. Tampoco parece efectivo si esa intervención busca detener y aprisionar a los cientos de miles de migrantes ilegales, porque no existe dónde ubicarlos ni el Estado tiene cómo sostener a esa población sin realizar un enorme y grosero gasto público. Todo ello, sin considerar los enormes riesgos que entraña poner a profesionales de la guerra a resguardar el orden interno.
Mi opinión. Creo que la integración y la expulsión no son cuestiones incompatibles, y la suma de ambos es la mejor receta para la descompresión que existe. Se puede avanzar en la integración de parte de esa nueva comunidad que cumpla ciertos requisitos, autorizándolos a emplearse sin tantas exigencias, lo que podría facilitar el empadronamiento; y por otro lado, perfilar al migrante que definitivamente no va a tener posibilidades de ser integrado, como lo sería, por ejemplo, el migrante con antecedentes penales (ya sea en nuestro país o en el extranjero); e inyectar recursos en su búsqueda y expulsión. Es aquí donde podría insertarse la asistencia militar, no para la operación misma, pero si como apoyo y resguardo a la operación. Es aquí donde se podría legislar también, ya que las medidas intrusivas (interceptación de comunicaciones, allanamientos de barrios, secreto bancario, etc.) en nuestro ordenamiento interno tiene fines investigativos particulares, bajo la lógica de existencia de indicios de un ilícito; y no preventivos generales. Creo, que para evitar futuras regresiones civilizatorias (como ocurre en Venezuela o El Salvador) y mayores restricciones a nuestra libertad, se debe estar llano a edificar espacios institucionalizados en donde la actividad preventiva del Estado frente al delito (desde una perspectiva más invasiva) escape de la esfera política y se aloje en la esfera técnico-jurídica asistida por los distintos poderes del Estado. Vale decir, esa concesión de poder al Estado para el ejercicio del monopolio de la fuerza y una mayor capacidad intrusiva debe tener los máximos resguardos institucionales y que estos “superpoderes” deben ser esencialmente temporales. Leyes con fecha de caducidad existen. Sé que lo que estoy diciendo nos acerca a un Estado policial o vigilante, pero la cesión temporal de libertad es necesaria para resguardad a la propia comunidad frente a la amenaza de erosiones masivas que deslegitimen al Estado y la vida en sociedad.
